El poder ante el espejo
Hay momentos en que un caso deja de ser simplemente un caso. Los documentos empiezan a conectarse, las fechas adquieren otro peso, los nombres dejan de aparecer de manera aislada y una trama institucional comienza a hacerse visible. En ese punto, seguir la historia como una sucesión de acontecimientos ya no es suficiente. Hay que observar las relaciones que se forman entre ellos.
El caso Banco Master llegó a ese punto.
El teléfono de Daniel Vorcaro se convirtió en un archivo de esa proximidad. Mensajes, contratos, registros de llamadas, fotografías, archivos y conversaciones recuperadas por la Policía Federal construyeron un conjunto documental que alcanza distintos niveles del poder público. El material fue organizado por la Policía Federal en un informe de 218 páginas, elaborado a partir del contenido incautado del teléfono del banquero. El propio informe advierte que el análisis no pudo ser exhaustivo debido al plazo de 72 horas establecido para su elaboración.
Entre los nombres que aparecen está el de Alexandre de Moraes. En algunos pasajes, la Policía Federal atribuye directamente determinadas comunicaciones a Moraes. En otros, señala que existen elementos para considerar que el interlocutor podría ser él. Parte de las respuestas no pudo ser recuperada porque Vorcaro utilizaba capturas de pantalla de visualización única en Notas y WhatsApp.
La importancia del archivo está precisamente en su capacidad para reunir escalas diferentes. Una conversación puede parecer pequeña cuando se la observa de manera aislada. Un contrato puede parecer apenas una relación comercial. Un encuentro puede ocupar veinte minutos en una agenda que ni siquiera era oficial. Una fotografía puede registrar simplemente la presencia de dos personas en el mismo espacio. Cuando esos elementos aparecen conectados dentro de una investigación, adquieren una dimensión diferente: pasan a formar parte de una estructura que necesita ser comprendida en su conjunto.
André Mendonça aparece dentro de esa estructura de otra manera.
En febrero de 2025, Ciro Soares envió a Vorcaro una fotografía en la que aparecía junto a Mendonça, acompañada de un audio no dirigido al ministro. No mucho después, surgió también la referencia a un sastre, Vasco Vasconcellos, donde Mendonça confirmou que había estado para hacerse un traje. Mendonça negó que Ciro lo hubiera llevado al lugar y negó también que los gastos hubieran sido pagados por terceros. El traje, por sí solo, ocupa un lugar pequeño dentro de toda esta historia. Su relevancia aparece cuando se lo observa como parte de una red de relaciones que conecta personas, intereses, instituciones y accesos.
Ciro Soares es un abogado con una fuerte actuación profesional en Bahía y aparece como uno de los intermediarios recurrentes de esta red. Su nombre surge en relaciones con Vorcaro y en aproximaciones que alcanzan tanto al entorno del Supremo Tribunal Federal como a otros espacios de poder en Brasil. Su presencia ayuda a comprender que el archivo no está compuesto solamente por grandes decisiones institucionales. También está hecho de personas que circulan entre diferentes ambientes y funcionan como puntos de conexión.
En marzo de 2025, Mendonça se reunió con Vorcaro en el Instituto Iter, en São Paulo, fuera de la agenda oficial. Según el propio ministro, el encuentro duró entre veinte y treinta minutos y fue solicitado por Vorcaro. El asunto estaba relacionado con el STP 976 y con los precatórios de interés para Banco Master. Mendonça afirmó que se limitó a escuchar y que posteriormente adoptó una decisión contraria a los intereses del banco.
El archivo también alcanza al procurador general de la República, Paulo Gonet.
Gonet y miembros de su familia aparecen mencionados al menos 33 veces en los materiales relacionados con el caso. Entre los registros hay comunicaciones atribuidas a Gonet, referencias a su hijo Pedro Gonet y un episodio relacionado con un viaje a Londres cuyos costes habrían sido asumidos por Vorcaro. También aparece Ciro Soares enviando a Vorcaro una fotografía junto a Gonet acompañada de un mensaje en el que le decía que llamara porque Gonet quería hablar con él.
La cuestión adquiere una dimensión institucional todavía mayor porque Gonet pasó posteriormente a defender la nulidad de la actuación de Mendonça. Según la posición de la Procuraduría General de la República, el ministro habría excedido sus competencias al ordenar a la Policía Federal que identificara e investigara personas concretas sin una solicitud previa del Ministerio Público o de la propia Policía Federal. Para Gonet, al estar involucrado otro ministro del Supremo, la cuestión debería haber sido sometida previamente al Pleno.
Aquí aparece el núcleo jurídico del problema.
La Constitución atribuye al Supremo Tribunal Federal la función de garantizar su propia supremacía y verificar la conformidad de las leyes y de los actos normativos con la Constitución. El tribunal ocupa, por tanto, una posición singular dentro de la arquitectura institucional brasileña. Precisamente por eso, cuando una investigación alcanza a uno de sus propios integrantes, la cuestión deja de ser solamente procesal. El modo en que el tribunal administra ese conflicto también forma parte del problema que debe resolver.
Mendonça actuó antes de llevar los nuevos elementos al Pleno. El 24 de agosto ordenó que la Policía Federal analizara el contenido del teléfono e identificara a los interlocutores, incluidos aquellos que pudieran tener fuero en el Supremo. El informe fue entregado al ministro el 27 de agosto. Después, el 1 de septiembre, Mendonça levantó el secreto de los nuevos elementos y determinó que fueran llevados al Pleno, al que calificó como instancia soberana para el análisis técnico y jurídico de la cuestión.
Gonet considera que el camino correcto debía haber comenzado por el Pleno.
El problema es que la propia jurisprudencia del Supremo vuelve esa discusión mucho más compleja. En decisiones recientes, el tribunal ha reconocido competencias relevantes al relator para ejercer control judicial sobre investigaciones que involucran autoridades con fuero. En 2024, al analizar la ADI 7.496, el Supremo sostuvo que el Reglamento Interno del tribunal atribuye al relator competencia para ejercer ese control y que no existe una regla general que obligue a someter cada continuación de una investigación a una autorización del órgano colegiado. En otro precedente, relacionado con la ADI 5.331, el propio Supremo reconoció la competencia del relator para autorizar una investigación criminal contra magistrados estatales.
Por eso, la controversia jurídica actual exige precisión. Existe una discusión sobre hasta dónde podía llegar Mendonça en ese momento concreto y sobre si las medidas adoptadas exigían una autorización previa del Pleno. También existe una jurisprudencia del propio Supremo que reconoce al relator un espacio de actuación en investigaciones de esta naturaleza.
Las reglas importan porque son ellas las que delimitan el poder.
Pero las reglas también necesitan funcionar de manera que una cuestión formal pueda ser corregida sin convertirla en una puerta de salida para cualquier investigación que llegue a tocar intereses poderosos. Si hubo un exceso de competencia, que sea identificado y corregido. Si algún acto necesita ser rehecho, que se rehaga. Si corresponde al Pleno decidir, que decida. Si existe una medida que deba ser anulada, que sea anulada.
Lo que me inquieta aparece en el paso siguiente.
Una eventual irregularidad en la conducción de una parte de la investigación no debería tener, por sí misma, la capacidad de hacer desaparecer los hechos que dieron origen a la investigación. El derecho procesal establece límites precisamente para proteger la legitimidad de la investigación y de sus resultados. Esa protección pierde sentido si el problema formal termina funcionando como mecanismo para impedir que se conozca hasta dónde llegan los hechos.
Los elementos encontrados en el teléfono de Vorcaro alcanzan a diferentes personas y distintos niveles institucionales. La investigación necesita seguir las conexiones que los propios documentos permitan establecer. Si aparecen elementos relacionados con ministros del Supremo, deben ser examinados. Si aparecen elementos relacionados con miembros del Ministerio Público, deben ser examinados. Si aparecen elementos relacionados con agentes de la Policía Federal, también. El poder de una persona no debería determinar el límite de aquello que puede ser investigado.
Eso adquiere especial relevancia cuando se observa la historia reciente del propio Supremo.
El Inquérito 4781, instaurado por la propia Corte, fue considerado constitucional por el Pleno en 2020, por diez votos a uno. Desde entonces, el procedimiento se convirtió en una de las investigaciones más extensas y de mayor alcance de la historia reciente del tribunal. Su desarrollo demostró que el Supremo posee instrumentos para iniciar, conducir y ampliar investigaciones dentro de una estructura excepcional que el propio tribunal reconoció como constitucional.
Esa experiencia forma parte del precedente institucional con el que el Supremo tiene que convivir ahora.
La pregunta, entonces, no puede ser reducida a quién tiene razón en una disputa puntual entre dos ministros o entre un ministro y el procurador general. Hay una cuestión más profunda: qué ocurre cuando el mismo sistema que tiene el poder de investigar también tiene que decidir cómo investigar a personas que pertenecen a su propia estructura.
La respuesta importa porque las instituciones producen confianza a través de sus procedimientos, pero también a través de su capacidad de someter esos procedimientos a escrutinio. Una institución que concentra poder necesita mecanismos especialmente claros para evitar que la proximidad se transforme en protección corporativa.
El episodio de la declaración de Vorcaro añade otra capa a esa trama.
El 27 de agosto, el banquero fue escuchado en la Papudinha por un juez auxiliar del gabinete de Mendonça, a petición de su defensa. El Ministerio Público estuvo presente y la Policía Federal no participó. El gabinete explicó que la defensa había alegado intimidaciones graves y solicitado urgencia, y que la ausencia de la Policía Federal estaba relacionada con las reglas de protección aplicables al detenido. Vorcaro formuló acusaciones de maltrato psicológico, amenazas veladas y presiones relacionadas con lo que podría declarar sobre asuntos de la Policía Federal. Entre las personas mencionadas por él estaba Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal.
Esas afirmaciones también forman parte del material que debe ser esclarecido. Una acusación de esa naturaleza requiere investigación, contradicción y evidencia. Su existencia tampoco puede ser utilizada como atajo para establecer responsabilidades antes de que los hechos sean comprobados.
Al día siguiente, Vorcaro prestó una declaración de más de cuatro horas ante la Policía Federal en otra investigación relacionada con dos antiguos funcionarios del Banco Central.
El archivo, por tanto, continúa expandiéndose.
Cada nueva pieza modifica la lectura de las anteriores. Esa es precisamente la razón por la que un caso de esta naturaleza no puede ser tratado como una secuencia de episodios aislados. Hay relaciones personales, decisiones jurídicas, contratos, encuentros, comunicaciones, declaraciones, competencias institucionales y precedentes jurisprudenciales que se cruzan dentro de una misma estructura.
En una estructura así, investigar significa aceptar que algunas conexiones pueden llevar a lugares incómodos.
Y una institución constitucionalmente poderosa debería ser precisamente aquella que más capacidad tenga para soportar esa incomodidad.
El Supremo Tribunal Federal tiene una función indispensável para la democracia brasileira. Su existencia protege la Constitución y establece límites para los demás poderes. Criticar su funcionamiento no significa negar su importancia. Al contrario. Una institución de esa dimensión necesita poder ser cuestionada sin que toda crítica sea interpretada como una amenaza contra ella.
La verdadera fortaleza institucional aparece cuando el poder acepta que las mismas reglas que aplica a los demás también pueden alcanzarlo.
Por eso, la cuestión que permanece abierta para mí es más grande que el caso Banco Master.
Brasil necesita revisar continuamente su arquitectura institucional cuando descubre zonas en las que el poder puede protegerse a sí mismo, cerrar circuitos de control o transformar una falla formal en un obstáculo para conocer los hechos. Las leyes pueden establecer procedimientos. La jurisprudencia puede definir competencias. Los tribunales pueden corregir sus propios excesos. Todo eso forma parte de la vida normal de un Estado de derecho.
El riesgo comienza cuando la forma termina ocupando el lugar de la investigación.
Porque una democracia necesita procedimientos rigurosos precisamente para que la verdad de los hechos pueda avanzar dentro de ellos. Cuando una regla fue incumplida, existe un camino para corregirla. Cuando una competencia fue excedida, existe un camino para limitarla. Cuando una prueba fue obtenida de manera inválida, existe un camino para discutir su validez.
Lo que no debería existir es un mecanismo mediante el cual una cuestión formal consiga cerrar, antes de tiempo, la posibilidad de investigar todas las conexiones relevantes de un caso.
Ese límite debería valer especialmente cuando las conexiones alcanzan al propio poder.
El problema institucional más profundo aparece cuando la proximidad entre quienes investigan, quienes son investigados y quienes decidirán sobre la validez de la investigación comienza a concentrarse dentro de la misma estructura. En ese escenario, la transparencia deja de ser una virtud complementaria. Se convierte en una condición de legitimidad.
Y es aquí donde el espejo adquiere sentido.
El Supremo está acostumbrado a mirar al país desde una posición de autoridad constitucional. También necesita poder mirarse a sí mismo. Examinar sus procedimientos, reconocer sus zonas de tensión, corregir sus errores y permitir que los hechos sean investigados hasta donde la evidencia conduzca.
Eso no debilita al poder.
Lo hace responsable.
El poder necesita límites. También necesita espejos.
Y cuando llega el momento en que el espejo devuelve la imagen del propio poder, la institución tiene que ser capaz de soportar lo que ve.
Es ante esa pregunta que el poder necesita reconocerse.
Y responder.